El "Experimento" chileno (IV)

De la destrucción de la economía
a la destrucción de la democracia

Sólo grandes aciertos de política económica hubieran podido concebiblemente hacer tolerables para Chile los abusos políticos que no cesó de cometer el gobierno de la Unidad Popular. Pero justamente lo más conspicuo de ese gobierno fue su ineptitud administrativa. Frei había dejado Chile al día de sus compromisos internacionales, había acumulado 500 millones de dólares en reservas (nivel sin precedentes en Chile) y había podido prescindir en sus últimos dos años de gobierno de todo endeudamiento externo salvo para inversiones de capital. Esta situación se deterioró de golpe con el solo anuncio de que la Democracia Chilena votaría en el Congreso para perfeccionar la elección de Allende como Presidente. Y es perfectamente razonable imputar inclusive ese deterioro económico, previo a la toma de posesión de Allende, a la Unidad Popular puesto que no puede ser calificada como imprevisible, sino computada como uno de los tantos y tan elevados costos de la mutación de la sociedad hacia el proyecto marxista, cualquier retracción de la actividad económica capitalista causada por la proclamación de que un gobierno va, a partir de una fecha próxima, a perseguir esa actividad hasta extinguirla.

Las primeras medidas económicas de Allende fueron un aumento general de salarios, una congelación de los precios, el mantenimiento artificial del valor de la moneda y una elevación considerable del gasto público, destinada esta última en buena parte a la adquisición de empresas privadas por el Estado. Esta proceso de estatización de las empresas fue conducido aceleradamente y por varias vías. La bolsa de valores estaba en un pánico, de manera que el gobierno pudo lograr comprar control de muchas empresas por un precio nominal. Otras, cuyas acciones no estaban en venta en el mercado abierto de valores, fueron acosadas con huelgas destinadas a justificar la intervención del Estado bajo pretexto de reponerlas en funcionamiento. La agricultura conoció un proceso paralelo de asfixia de la actividad económica privada. Y desde luego la minería de cobre, principal industria chilena y fuente de prácticamente de todas las divisas extranjeras, fue expropiada (en el 49 por ciento que todavía era de propiedad extranjera) y puesta bajo administración estatal.

El saldo de estas medidas fue un aumento súbito del consumo, tanto de productos nacionales como de artículos importados, a precios artificialmente bajos (de hecho, subsidiados por el Estado) por la alta paridad arbitraria del Escudo chileno, sostenida al costo de una hemorragia de reservas internacionales. El efecto inicial fue naturalmente de euforia. El empleo subió y, un momento, también la producción (aunque nunca la productividad). Los salarios reales aumentaron cerca de 30 por ciento.

Pero ese mini-boom de la economía chilena en los primeros meses de 1971 no estaba fundado en otra cosa que la liquidación de haberes, la disipación de riqueza acumulada anteriormente. En la segunda mitad de ese primer año, la desproporción entre los costos y los precios, unida al estancamiento o el descenso de la producción industrial y agropecuaria en términos absolutos, desembocó inevitablemente en la escasez, el desabastecimiento y la aparición del mercado negro. La balanza de pagos pasó de un superávit de 91 millones de dólares en 1970 (último año de gobierno de Frei) a un déficit de 315 millones de dólares en 1971. En noviembre, tras un año de gobierno allendista, Chile tuvo que declararse insolvente y pedir una moratoria para su deuda externa(1). Un mes más tarde el valor artificial del Escudo comenzó a desmoronarse, por no poder el Banco Central de Chile, ya sin reservas, sostenerlo, y menos contra la inundación del papel moneda circulante (100 por ciento de aumento en el primer año) con que el gobierno había estado financiando sus programas(2). La inversión de capitales privados, nacionales o extranjeros, había descendido a cero. La del Estado, dirigida sobre todo a estatizar factores de producción ya existentes, no había agregado prácticamente nada a la capacidad real de la economía. Los chilenos más calificados estaban para entonces en su mayoría o bien francamente contra el gobierno, o por lo menos desconcertados; muchos optaron por abandonar el país (26 por ciento de todos los ingenieros, por ejemplo).

La gravedad de la crisis económica fabricada por Allende se revelaría poco después, al estallar la inflación, en un comienzo artificialmente contenida mientras de hecho se atizaban las presiones contra la ya precaria moneda chilena. Entre junio y diciembre de 1972, el índice de precios de los artículos de consumo(3) se multiplicó por cuatro; y doblaría otra vez (guardando por otra parte cada vez menos relación con la realidad del mercado) antes del derrocamiento de Allende. En septiembre de ese mismo año (1972) la producción industrial comenzó a descender en términos absolutos y siguió bajando cada mes hasta el fin. La producción agropecuaria llegó a ser en el tercer trimestre de 1973, 25 por ciento inferior a lo que había sido antes de tomar el poder Allende.

De las minas de cobre, el gobierno de la Unidad Popular había esperado que al tomarlas de su cuenta el Estado, aparecerían mágicamente "superbeneficios" que las empresas multinacionales habrían estado ocultando. De hecho, la administración estatizada no sólo fue gravemente ineficiente, sino que tuvo que responder a las expectativas de los mineros de participar con la ventaja que suponían merecer tras décadas de propaganda marxista en ese sentido, en el mayor nivel del consumo sin mayor productividad, que fue el rasgo originalísimo de la "vía chilena hacia el socialismo"(4). El gobierno hizo un tardío esfuerzo (mayo de 1973) por limitar los aumentos de sueldos de los mineros al aumento del índice del costo de la vida, pero el resultado fue una desastrosa huelga de dos meses y medio, y una marcha de los mineros sobre Santiago.

En octubre del año anterior (1972) la primera huelga de camioneros (calificada de "lockout empresarial" por el gobierno, pero de hecho consecuencia de la desesperación real de millares de dueños de uno o dos camiones por el proyecto gubernamental de crear una empresa estatal de transporte, destinada a aniquilarlos) había significado la primera crisis grave del experimento marxista chileno. Esa huelga actuó como detonante para la nueva "conciencia de clase" de los chilenos que estaban en desacuerdo con el rumbo del país bajo la Unidad Popular. Rápidamente se convirtió en un vasto paro nacional de taxistas, choferes de autobús, tenderos, médicos, enfermeras, dentistas, pilotos de aviación, ingenieros y hasta campesinos. La Democracia Cristiana, repuesta de sus ilusiones "tomicistas", apoyó a fondo la protesta, sobre la cual se asegura que en ella intervino la CIA, con ayuda financiera a los camioneros; lo cual es perfectamente verosímil, lo mismo que el presunto apoyo financiero de la misma fuente a los diarios opositores de Allende, y que el gobierno contaba asfixiar económicamente por la disminución y eventual desaparición de la publicidad. Tales intervenciones, inexcusables, no habrían sido sin embargo sino la contrapartida de las otras intervenciones extranjeras, de signo opuesto, señaladas por Frei en su carta a Mariano Rumor (la importación de guerrileros y armas de parte de la UP; Nota de J.). Justamente lo más reprobable del experimento marxista chileno fue crear un clima de guerra civil propicio a todas las bajezas, y esto en un país que había sido un modelo de la mayor corrección posible en la actividad, nunca muy santa, que es la política.

En todo caso, el gobierno fue derrotado y tuvo que admitir, como condición para el cese del paro, la participación de los militares en cargos claves en el gabinete. Con esa concesión Allende ganó una tregua de unos meses, que todavía entonces pudo haber usado para rectificar el rumbo, pero que desaprovechó, en la esperanza de ver ganar a los partidos de la Unidad Popular una mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. Pero con todo el ventajismo (y hasta el posible fraude) que denuncia Frei, la UP pudo reunir sólo el 44 por ciento de los votos, y con eso se desvaneció la esperanza de lograr jamás Allende una mayoría en el país o en el Congreso.

En esta coyuntura el Partido Comunista era partidario de consolidar lo adquirido, de dar el consabido paso atrás para salvar uno de los dos dados "hacia adelante". Pero una vez más Allende fue arrastrado por los elementos arrogantes, ilusos, irresponsables del Partido Socialista y del MIR, MAPU y VOP. Apenas dos días después de las elecciones perdidas, el gobierno anunció la ya mencionada reforma educativa, destinada a extirpar de Chile toda escuela no controlada directamente por el Estado y a convertir la educación primaria en un instrumento de adoctrinamiento marxista. Nada sorpresivamente, semejante plan desató una tormenta política. La Iglesia Católica por primera vez manifestó oposición pública a una medida propuesta por el gobierno de Allende. Millares de estudiantes manifestaron en las calles de las ciudades. Los altos jefes militares, que habían salido del gabinete tras las elecciones, hicieron saber su desacuerdo. Allende tuvo que posponer la medida. Pero su suerte y la de la democracia chilena ya estaban echadas. El 29 de junio hubo un primer intento, torpe y aislado, de alzamiento militar, rápidamente sofocado por las mismas Fuerzas Armadas, sin disparar un tiro. Pero Allende, insensatamente, ya se había precipitado a la radio y la televisión con una exhortación a los trabajadores a responder ocupando todas las empresas. En un solo día el número de empresas industriales importantes bajo control del Estado pasó de 282 a 526, y la producción y la productividad sufrieron un brusco descenso adicional.

En julio estalló otra huelga de camioneros que iba a mantenerse hasta el colapso final del gobierno, en septiembre. Aun antes de estos nuevos traumas, la economía chilena había llegado a una tasa anual de inflación de 323 por ciento. Una vez más Allende nombró a Generales en ministerios claves, peor sin otra esperanza que la de neutralizar el Alto Mando de las Fuerzas Armadas en espera de no se sabe qué. O tal vez sí se sabe: el 7 de agosto el Servicio de Inteligencia Naval anunció haber frustrado un complot para sublevar los marinos de la flota de Valparaíso y Concepción (las principales bases naveles del país), Acusó formalmente de instigadores de la frustrada insurrección al Secretario General del Partido Socialista, Carlos Altamirano, y a los líderes Oscar Garretón, del MAPU, y Miguel Henriques, del MIR, y exigió la suspensión de la inmunidad parlamentaria de los dos primeros, que eran Senador y Diputado, respectivamente. El 9 de septiembre, dos días antes del derrocamiento de Allende, Altamirano admitió públicamente la veracidad de la acusación en su contra, pero se justificó alegando la legitimidad de "concientizar" a los marinos contra las opiniones reaccionarias de sus oficiales. En el otro extremo de la jerarquía militar, el gobierno no había cesado (con ascensos de oficiales presuntamente simpatizantes, y retiros o marginamientos de otros oficiales presuntamente adversos) de intentar dividir y polarizar unas Fuerzas Armadas que hasta 1970 habían sido incomparablemente las más escrupulosas de América Latina en su respeto y subordinación al poder civil(5).

(Continúa en la próxima entrega la última parte de esta serie...)

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(1)Es cierto que ciertas fuentes de crédito, notablemente el Banco Mundial y el Export-Import Bank se le habían cerrado a Chile a raíz de la Expropiación sin compensación de los haberes de las compañías cupríferas norteamericanas Anaconda y Kennecott, pero es falsa la versión según la cual las dificultades económicas de Allende se debieron esencialmente a eso. No sólo la bancarrota era inevitable tras las medidas económicas iniciales, dirigidas todas, absurdamente, a aumentar bruscamente el consumo a la vez que se interfería la producción, sino que el gobierno de la Unidad Popular pudo obtener suficiente crédito externo de otras fuentes (otros países latinoamericanos y Europa Occidental) como para aumentar en tres años la deuda externa chilena en ochocientos millones de dólares. Donde tuvo dificultad el Chile de la Unidad Popular para tomar dinero prestado fue en el mundo socialista (URSS, China, Europa Oriental), cuyas acreencias con Chile pasaron de apenas 9 millones de dólares en 1970 a apenas 40 millones de dólares en 1973. (Fuente: Comité Interamericano de la Alianza Para el Progreso (CIAP), "El Esfuerzo Interno y las Necesidades de Financiamiento Externo para el Desarrollo de Chile", Washington, D.C., 1974.)
(2)En septiembre de 1970, al término del mandato de Frei, 20 escudos compraban un dólar en un banco; en septiembre del 1973, al término del mandato de Allende, hacían falta 2.500 para compar un dólar en el mercado negro de divisas.
(3)Indice, sea dicho de paso, puramente teórico, por el desabastecimiento de muchos artículos, obtenibles sólo en el mercado negro, donde los precios tenían una relación verdadera con el colapso en el valor de la moneda.
(4)Allende tuvo la mala suerte inicial de que el valor promedio del cobre pasó de 64 centavos de dólar la libra en 1970, a 49 en 1971-1972; pero en cambio en 1973 ese valor promedio saltó a 80 centavos de dólar la libra, sin que ni siquiera esa casi duplicación en el precio del cobre pudiera detener el naufragio de la economía chilena.
(5)La información veraz sobre lo ocurrido en Chile entre 1970 y 1973 se encuentra dispersa, pero no tanto como para excusar la ignorancia generalizada que se tiene (o se finge) sobre datos absolutamente verificables y que se encuentran aun en versiones de simpatizantes o participantes serios en el experimento de la Unidad Popular Chilena. Paul E. Sigmund ha hecho un balance objetivo y breve de todo el proceso en "Allende in Retrospect", Problems of Communism, Washington, D.C., Mayo-Junio de 1974, pp. 45-62.