Cuando escribí mi post sobre Chávez y RCTV, no tenía claro porqué existía una diferencia de opinión entre el gobierno y los propietarios de RCTV sobre si la concesión expiraba o no el próximo año. Hablé con algunas personas y trataré de explicarlo lo mejor posible, aunque aún tengo lagunas. De haber imprecisiones en los detalles, haré las correcciones pertinentes.
La concesión de RCTV debía, de hecho, expirar el año próximo. Sin embargo la Asamblea Nacional aprobó en el año 2000 la nueva Ley de Telecomunicaciones que especifica que, entre otras muchas cosas, las concesiones existentes tendrían un plazo de dos años para "adaptarse" o cumplir con la nueva ley. Adaptarse a la nueva legislación implicaba la renovación automática de la concesión según las condiciones de la nueva ley. El ente regulador, CONATEL, reglamentó las regulaciones para la adaptación. Todas los canales de transmisión de TV enviaron los recaudos para adaptar sus concesiones a la nueva ley.
El problema surge porque CONATEL nunca respondió a las televisoras aprobando su adaptación a la nueva ley. Por lo tanto, no existe ningún acto formal aprobando el cambio. En Venezuela existe una Ley Organica de Procedimientos Administrativos (LOPA), que establece límites de tiempo (creo que son cuatro meses si no hay ninguna respuesta) a los entes gubernamentales para responder a cualquier solucitud, tal como la adaptación de las concesiones a la nueva ley. Ya que CONATEL no aprobó nunca formalmente la adaptación, pero tampoco la rechazó, según la ley [LOPA] la solicitud de los dueños de RCTV se considera aprobada y, por lo tanto, su concesión se extendería veinte años a partir del límite de dos años impueto por la ley. En Venezuela esto se llama "silencio administrativo" y se aplica a todas las solicitudes que un ciudadano o cualquier entidad legal haga ante los organismos gubernamentales.
Por lo tanto la diferencia de opiniones surge del hecho de que el gobierno considera que la concesión expirará según la vieja ley, mientras que RCTV cree que el silencio administrativo extendió automáticamente su concesión.
Nótese que, en cualquier caso, el gobierno necesitaría tener una razón legal para no renovar la concesión. Es decir, si RCTV cumplió con los requerimientos para la renovación el gobierno no puede simplemente negársela sin aportar una razón legal y las aportadas por Chávez ciertamente no son válidas. No hay ningún "derecho del Estado" para negarla a voluntad o por capricho, como indicara hoy el vice presidente, existe un mandato de la ley y debe haber una razón válida legal o técnica para denegar una renovación que no ha sido aún requerida por la televisora.
De tal manera que, ya sea que la concesión expire o no el año próximo, tendrá que decidirse en los tribunales, que estoy seguro que encontrarán la manera de complacer los deseos del Presidente.
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